Sabemos que los primeros años de vida son determinantes. En esta etapa se construyen bases fundamentales para la salud, el aprendizaje y el bienestar. También sabemos que la pobreza y las desigualdades pueden marcar profundamente esas experiencias. Lo que resulta difícil de explicar es por qué, aun con esta evidencia, seguimos tratando la inversión en los primeros años como una prioridad que puede esperar.
Hablar de recursos para niñas y niños pequeños no debería ser, en primer lugar, una conversación sobre rentabilidad. Sus derechos no dependen de cuánto puedan devolver a la sociedad en el futuro. La salud, la nutrición, la educación, la protección y los cuidados son condiciones indispensables para que puedan crecer y desarrollarse plenamente. Garantizarlas exige políticas públicas capaces de convertir los derechos reconocidos en oportunidades reales para cada niña y cada niño.
La realidad de nuestra región muestra cuánto falta para lograrlo. En América Latina y el Caribe, 43.7% de las niñas y los niños de 0 a 8 años vivían en situación de pobreza en 2022, casi 15 puntos porcentuales por encima de la población general. Detrás de esta cifra hay una desigualdad que comienza demasiado pronto y que afecta de manera particular a quienes viven en zonas rurales, pertenecen a pueblos indígenas o comunidades afrodescendientes, viven con alguna discapacidad o se encuentran en situación de movilidad humana.
Frente a este escenario, hablar de inversión no puede reducirse a pedir más dinero. También tenemos que preguntarnos cuánto se invierte, en qué se utilizan los recursos, cómo se distribuyen y qué resultados producen. Porque un presupuesto no es solamente una suma de cifras: es una expresión concreta de las prioridades de una sociedad. Lo que decidimos financiar —y la manera en que lo hacemos— revela a quiénes colocamos en el centro de nuestras decisiones y qué futuro estamos dispuestos a construir.
Por eso, si aceptamos que todas las niñas y todos los niños tienen los mismos derechos, debemos preguntarnos por qué las condiciones en las que nacen y crecen siguen teniendo tanto peso sobre sus posibilidades de ejercerlos. ¿Qué dice de nuestras prioridades que millones de niñas y niños comiencen su vida en condiciones de pobreza y que todavía tengamos que insistir en que sus derechos necesitan presupuesto?
La respuesta no puede ser únicamente reconocer la importancia de los primeros años. Necesitamos que esa convicción se traduzca en decisiones financiadas, sostenibles y orientadas a resultados. A cuatro años del plazo de la Agenda 2030, fortalecer el financiamiento destinado a esta etapa es también una condición para avanzar en las metas relacionadas con su atención, desarrollo, educación, salud, nutrición y protección.
Precisamente por eso, las conversaciones que tendrán lugar en México en noviembre importan. Del 10 al 12 de noviembre se realizará la 1ª Cumbre Latinoamericana de Inversión en Primera Infancia, que reunirá a gobiernos, organismos multilaterales, banca de desarrollo, sociedad civil, academia y sector privado para impulsar una inversión suficiente, sostenible y equitativa en los primeros años de vida. Se prevé que el encuentro derive en una Declaración Regional sobre Financiamiento para la Primera Infancia y en compromisos nacionales de inversión que contribuyan a la Cumbre Global de 2027.
La Cumbre puede ser un punto de partida para pasar de las declaraciones a las decisiones. Pero el desafío va mucho más allá de un encuentro: se trata de decidir, como sociedad, qué lugar ocupa la primera infancia en nuestras prioridades. Porque garantizar los derechos de niñas y niños no puede depender de que haya recursos disponibles después de atender todo lo demás. Si queremos construir sociedades más justas, el momento de priorizar sus derechos no es mañana. Es desde el comienzo de sus vidas.